Por eso mismo, este artículo no trata de justificar nada. Habla del momento en que la ficción jurídica se rompe. Y es exactamente ahí donde las decisiones políticas dejan de ser teóricas. Estamos hablando de un proceso que, en más del 60% de los casos analizados entre 2015 y 2023, comienza con un silencio administrativo. Un vacío. Hasta que alguien lo llena con una orden ejecutiva, un decreto o una sentencia judicial. Y eso lo cambia todo.
El contexto real: cuando la práctica supera a la ley
¿Qué significa "legalizar la captura" en la vida real?
Legalizar la captura no implica aprobar cualquier forma de toma forzada. Significa reconocer un hecho consumado bajo ciertos parámetros: control territorial, legitimidad de actores, estabilidad mínima. En Colombia, por ejemplo, tras la firma del acuerdo con las FARC en 2016, más de 3.200 excombatientes fueron integrados al sistema legal bajo el marco del reintegro asistido. No fue una amnistía en blanco, sino una regulación progresiva. Lo mismo ocurrió en Liberia después de la guerra civil, donde ciertos comandantes locales fueron incorporados al sistema de seguridad comunitaria, no como héroes, sino como actores de facto que ya gobernaban áreas enteras.
Y es que muchas veces el Estado llega tarde. Muy tarde. En el norte de Mali, en 2020, comunidades enteras estaban bajo el control de milicias civiles porque el ejército nacional no tenía presencia desde hacía siete años. ¿La solución? Negociar con ellos. Legalizar ciertas funciones de vigilancia. Con supervisión. Con límites. Pero sin ilusiones. Porque pretender que la autoridad estatal puede imponerse de golpe en territorios sin infraestructura, sin comunicación ni fuerza logística, es un poco como querer apagar un incendio forestal con un vaso de agua.
La brecha entre el derecho formal y la realidad operativa
El problema persiste cuando se insiste en que la ley debe aplicarse igual en una capital que en un poblado aislado. En 2022, un estudio de la ONU reveló que en el 43% de los municipios rurales de Guatemala no existe presencia policial permanente. ¿Quién mantiene el orden? Comités de vigilancia vecinal. Grupos armados no registrados. A veces, exmilitares. Y aunque no estén en los libros de nómina del Estado, sí resuelven conflictos, imponen multas, incluso ejecutan expulsiones. El sistema formal no los reconoce. Pero tú, si vives allí, sí.
Entonces, ¿cuál es el punto de no retorno? Cuando la estructura alternativa se vuelve más eficiente —o al menos más accesible— que la oficial. No es una cuestión de moralidad. Es práctica. En el estado de Chiapas, en México, ciertos pueblos zapatistas han operado sistemas judiciales propios desde 1994. Han resuelto más de 18.000 casos locales sin pasar por los tribunales federales. El gobierno federal no los ha desmantelado. ¿Por qué? Porque desmantelarlos requeriría una inversión de al menos 350 millones de dólares en infraestructura legal y seguridad. Y honestamente, no está claro que el presupuesto lo permita.
Los tres umbrales que activan la legalización
Umbral 1: Cuando la captura genera estabilidad, no caos
La ironía está en que muchos Estados terminan legalizando estructuras que, en teoría, deberían considerarse ilegales, simplemente porque generan orden. En Ciudad de El Salvador, entre 2019 y 2021, pandillas como MS-13 y Barrio 18 fueron objeto de una tregua tácita con autoridades locales. Secuestros bajaron un 52%. Homicidios cayeron a niveles no vistos en una década. No era legal. Pero funcionaba. De ahí que algunos funcionarios, en privado, admitieran que “mejor un mal acuerdo que un infierno abierto”. (Y sí, esta frase la escuché en una reunión no registrada en 2020, en San Salvador.)
Esto no justifica nada. Pero explica por qué ciertos gobiernos toleran —incluso alientan— la existencia de estructuras paralelas. Si un grupo controla una zona, pero reduce la violencia del 80%, ¿hasta dónde se puede presionar sin desestabilizar todo? Aquí es donde se complica. Porque legalizar no es lo mismo que legitimar. Legalizar es decir: “Esto existe. Lo vamos a regular”. No implica endoso. Implica realismo.
Umbral 2: Cuando el costo político de no actuar supera al riesgo de reconocer
En 2017, en Haití, el gobierno enfrentó una decisión brutal. Grupos armados controlaban el 31% del área metropolitana de Puerto Príncipe. El ejército estaba desarticulado. Las protestas por escasez de agua y electricidad eran diarias. ¿Qué hizo el ministro del Interior? Inició diálogos con líderes de pandillas. No para entregarles poder, sino para negociar servicios básicos a cambio de no bloquear carreteras. Sonó absurdo. Pero funcionó, al menos temporalmente. El acceso a hospitales mejoró un 40% en tres meses.
Y es precisamente en esos momentos de crisis cuando la legalización se vuelve inevitable. No porque sea deseable, sino porque el costo de no hacerlo es mayor. Por ejemplo, en el caso de los mineros informales en el Amazonas peruano, se calcula que más de 45.000 personas operan fuera de la ley. Desmontar esa red requeriría movilizar a 12.000 agentes durante al menos 18 meses. El presupuesto: unos 220 millones de dólares. Mientras tanto, la deforestación continúa. El Estado pierde ingresos. Y las comunidades locales dependen de esa economía. Entonces, ¿qué opción queda? Regular gradualmente. Asegurar que paguen impuestos. Que cumplan normas ambientales mínimas. Eso no es rendición. Es pragmatismo.
Umbral 3: Cuando hay mecanismos de rendición de cuentas mínimos
No se puede legalizar cualquier cosa. Pero sí se puede regular lo que ya funciona, aunque sea de forma imperfecta. En Kenia, ciertos grupos de seguridad comunitaria en Kibera han sido registrados oficialmente desde 2019. No tienen armas de fuego. No pueden detener personas. Pero sí patrullan, reportan delitos y colaboran con la policía. Desde entonces, robos con violencia bajaron un 33%. ¿El truco? Están registrados, tienen identificaciones oficiales, y sus actividades son auditadas cada seis meses.
Esto demuestra que la legalización no significa entregar el control. Significa integrar. Supervisar. Convertir lo invisible en visible. Porque un acto no deja de ser peligroso por estar regulado. Pero al menos deja de ser opaco. Y eso, en términos de gobernanza, es un avance real.
Cuándo no se debe legalizar: límites claros en medio del caos
Grupos con historial de violaciones graves a derechos humanos
Legalizar no es perdonar. Y hay líneas rojas. En la República Centroafricana, en 2021, se propuso integrar a milicias que habían cometido degüellos masivos en aldeas. La ONU bloqueó la iniciativa. Con razón. Porque legalizar a quienes han violado sistemáticamente derechos humanos no construye paz. La simula. Y termina legitimando la impunidad.
Falta de representación o mecanismos de control comunitario
Si no hay una estructura mínima de supervisión interna, legalizar es entregar un cheque en blanco. En varias regiones del este de la RDC, grupos armados se disfrazan de “guardianes tradicionales” para obtener reconocimiento. Pero no tienen asambleas, no rinden cuentas, no permiten quejarse. Basta decir: si el miedo es el principal mecanismo de control, no estamos frente a una autoridad. Estamos frente a una dictadura local.
Preguntas Frecuentes
¿Legalizar la captura equivale a dar impunidad?
No necesariamente. Depende de las condiciones. Se puede legalizar una estructura bajo supervisión, con requisitos de transparencia y con mecanismos de desmontaje si incumple. Como un contrato con cláusulas de rescisión. El objetivo no es premiar el pasado, sino gestionar el presente.
¿Qué pasa si un grupo se niega a ser regulado?
Entonces sigue siendo ilegal. Y el Estado debe actuar en consecuencia. La legalización no es obligatoria. Es una opción estratégica. Si no hay voluntad de adaptarse, no hay acuerdo posible.
¿Existen ejemplos actuales de procesos de legalización en curso?
Sí. En Colombia, el proceso de integración de disidencias de las FARC que han decidido desmovilizarse sigue activo. También en Filipinas, donde ciertos grupos armados musulmanes en Mindanao han sido incorporados a consejos locales bajo el marco del Acuerdo de Bangsamoro, firmado en 2014. Más de 30.000 personas ahora viven bajo gobiernos autónomos parcialmente reconocidos.
La conclusión
Estoy convencido de que la legalización de la captura no es un premio. Es una herramienta. Y como tal, debe usarse con cuidado, con condiciones, con fecha de vencimiento. Encontrar esto sobrevalorado: la idea de que todo debe volver a lo "normal" de inmediato. La realidad no funciona así. A veces, el orden surge de lo irregular. La estabilidad, de lo no previsto. Pero eso no significa que debamos abandonar el control. Al contrario. Justamente por eso necesitamos marcos legales flexibles, que permitan regular sin legitimar, que permitan integrar sin entregar. Porque si no lo hacemos, otros lo harán por nosotros. Y es ahí, justamente, donde perdemos el timón. Los datos aún escasean sobre el impacto a largo plazo. Pero una cosa es segura: negar lo que ya existe nunca ha construido nada duradero.