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¿Es un crimen de guerra si no se está en guerra?

Respuesta corta

El estudio del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Penal Internacional (DPI) nos enfrenta frecuentemente a conceptos que, a primera vista, parecen contener una contradicción insalvable.

En pocas palabras

  • Históricamente, el derecho internacional se basaba en la premisa de la guerra legal (bellum legale), un concepto donde los Estados declaraban formalmente la guerra mediante un acto diplomático solemne.
  • El desarrollo definitivo de esta materia se consolidó con la adopción del Estatuto de Roma (1998), el tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional.
  • La premisa de que los crímenes de guerra requieren la existencia formal de una guerra ha quedado profundamente obsoleta frente a las realidades geopolíticas contemporáneas.
¿Es un crimen de guerra si no se está en guerra?

Información divulgativa revisada por nuestra redacción. No sustituye el diagnóstico ni el consejo de un médico u otro profesional sanitario.

En este artículo
  1. La deconstrucción del concepto de «guerra» en el derecho moderno
  2. El umbral de aplicación: ¿Cuándo una situación deja de ser un simple delito común y pasa a ser un conflicto armado?
  3. La tipificación en el Estatuto de Roma y la Corte penal internacional (CPI)
  4. Más allá de las trincheras: La jurisdicción universal y el alcance de la ley penal internacional en tiempos de paz

Para responder a esta pregunta de manera rigurosa, es necesario abandonar las nociones intuitivas o puramente coloquiales de lo que constituye una «guerra» y adentrarse en los estrictos contornos del derecho de los conflictos armados. La respuesta corta, desde la perspectiva del derecho internacional moderno, es un rotundo sí: los crímenes de guerra pueden perpetrarse en contextos donde no se libra una guerra internacional tradicional entre Estados, siempre y cuando se cumplan los umbrales específicos de violencia y organización que definen un conflicto armado no internacional (CANI) o, en ciertos escenarios bajo la jurisdicción de tribunales internacionales, cuando los actos se vinculan de manera directa a situaciones de violencia prolongada o sistemática.

Este ensayo estructurado en varias entregas se propone desentrañar esta compleja realidad jurídica, analizando las fuentes del derecho, la evolución de la jurisprudencia internacional, los requisitos dogmáticos para la tipificación de estas conductas y las implicaciones prácticas de aplicar el corpus juris de la guerra en situaciones que a menudo se catalogan simplemente como disturbios internos, criminalidad organizada o violencia generalizada.

La deconstrucción del concepto de «guerra» en el derecho moderno

Históricamente, el derecho internacional se basaba en la premisa de la guerra legal (bellum legale), un concepto donde los Estados declaraban formalmente la guerra mediante un acto diplomático solemne. Con la adopción del Pacto de la Sociedad de Naciones, y posteriormente con la Carta de las Naciones Unidas (1945), el uso unilateral de la fuerza armada entre los Estados fue prohibido casi en su totalidad (Artículo 2.4). Paradójicamente, al prohibir jurídicamente la «guerra» como instrumento de política nacional, el derecho internacional se vio en la necesidad imperiosa de proteger a las víctimas de los enfrentamientos armados reales sin legitimar ni reconocer la legalidad de los conflictos mismos.

Fue así como nació el término «conflicto armado», diseñado deliberadamente para sustituir el término formal de «guerra». Los redactores de los Convenios de Ginebra de 1949 comprendieron que los beligerantes rara vez declararían formalmente la guerra, especialmente en el contexto de luchas internas, guerras de independencia o insurrecciones. Al desplazar el foco de atención desde la declaración formal hacia los hechos objetivos sobre el terreno, el derecho internacional humanitario logró expandir su ámbito de protección.

El Artículo 3 común y la distinción de los conflictos

Para comprender cómo se configuran los crímenes fuera de una guerra clásica, el punto de partida ineludible es el Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Esta disposición se aplica a «los conflictos armados que no atañen directamente a un territorio internacional» (comúnmente conocidos como conflictos armados no internacionales o CANI).

El Artículo 3 común estableció un estándar mínimo e ineludible de humanidad aplicable a situaciones de guerra civil o insurgencia interna, prohibiendo actos atroces como:

  • Los atentados contra la vida y la integridad física (homicidios en todas sus formas, mutilaciones, tratos crueles y tortura).

  • La toma de rehenes.

  • Los atentados contra la dignidad personal (tratos humillantes y degradantes).

  • Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido.

Lo fascinante desde la perspectiva dogmática es que estas prohibiciones —cuya violación grave constituye hoy en día un crimen de guerra— no exigen la existencia de una guerra interestatal. Lo único que exigen es un umbral fáctico de violencia.

El umbral de aplicación: ¿Cuándo una situación deja de ser un simple delito común y pasa a ser un conflicto armado?

Uno de los mayores desafíos para los tribunales internacionales y los fiscales es trazar la línea divisoria entre el derecho penal interno (enfrentar a bandas criminales, narcotráfico, terrorismo o disturbios civiles) y el Derecho Internacional Humanitario (que regula los crímenes de guerra).

La jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), especialmente a través del caso emblemático Fiscal v. Duško Tadić (1995), estableció los criterios jurisprudenciales fundamentales que hoy dominan la materia. Según el TPIY, un conflicto armado no internacional existe siempre que concurran dos elementos acumulativos:

  1. La intensidad de la violencia: Los enfrentamientos no pueden ser actos esporádicos o aislados de violencia. Deben alcanzar un nivel de confrontación sostenida y prolongada en el tiempo. Se analizan factores como el número, la duración y la gravedad de los enfrentamientos; el tipo de armas utilizadas (por ejemplo, el uso de armamento militar pesado frente a armas ligeras policiales); la participación de las fuerzas armadas regulares; el desplazamiento de civiles; y la extensión de la destrucción material.

  2. La organización de las partes: A diferencia de una revuelta caótica o una protesta social violenta, el grupo armado no estatal debe poseer un grado mínimo de estructura jerárquica. Esto implica la capacidad de planificar y llevar a cabo operaciones militares concertadas, la existencia de una cadena de mando reconocida, la autoridad para imponer disciplina y la capacidad de cumplir con las normas básicas del DIH (como negociar o mantener un control territorial aproximado).

Cuando una situación de violencia alcanza estos dos umbrales, nos encontramos legalmente ante un conflicto armado, incluso si el gobierno nacional insiste en denominarlo "operación de mantenimiento del orden público", "lucha contra el narcotráfico" o "estado de excepción interno". En consecuencia, las violaciones graves de las normas aplicables a ese escenario ya no son meros delitos comunes de derecho interno, sino que adquieren la naturaleza jurídica de crímenes de guerra.

La tipificación en el Estatuto de Roma y la Corte penal internacional (CPI)

El desarrollo definitivo de esta materia se consolidó con la adopción del Estatuto de Roma (1998), el tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional. El artículo 8 del Estatuto de Roma detalla exhaustivamente los crímenes de guerra, distinguiendo meticulosamente entre aquellos cometidos en conflictos armados internacionales y los cometidos en conflictos armados no internacionales.

El Estatuto de Roma amplió significativamente el catálogo de crímenes de guerra aplicables a los CANI (es decir, aquellos escenarios que no corresponden a una guerra clásica entre Estados). Entre los actos penalizados en contextos de conflictos internos se encuentran:

  • Las violaciones graves al Artículo 3 común.

  • Los ataques intencionales contra la población civil o contra bienes civiles que no sean objetivos militares.

  • El reclutamiento, alistamiento o utilización de niños menores de 15 años para participar activamente en hostilidades.

  • La destrucción o apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y ejecutadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.

  • La denegación de un juicio justo.

La exclusión de los disturbios y tensiones internas

Para mantener la precisión jurídica y evitar la sobre-extensión del derecho penal internacional, el propio Estatuto de Roma introdujo una cláusula de salvaguarda explícita en el párrafo 3 del artículo 8. Esta disposición establece que las normas sobre conflictos armados no internacionales no se aplican a situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos de carácter similar.

Esta distinción es vital: una protesta social reprimida violentamente por la policía, un motín carcelario o enfrentamientos aislados entre bandas criminales callejeras, por más trágicos y cruentos que sean en términos de pérdida de vidas humanas, no constituyen un conflicto armado bajo el derecho internacional. Por lo tanto, aunque dichos actos puedan ser calificados como crímenes de lesa humanidad (si forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil) o como graves violaciones a los derechos humanos bajo el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), no pueden ser tipificados técnicamente como crímenes de guerra, puesto que falta el sustrato material del conflicto armado.

Más allá de las trincheras: La jurisdicción universal y el alcance de la ley penal internacional en tiempos de paz

La paradoja del derecho de los conflictos armados en situaciones de aparente paz

La premisa de que los crímenes de guerra requieren la existencia formal de una guerra ha quedado profundamente obsoleta frente a las realidades geopolíticas contemporáneas. Si bien el Derecho Internacional Humanitario (DIH) nació históricamente para regular las hostilidades entre Estados soberanos en el campo de batalla tradicional, la evolución del derecho penal internacional ha demostrado que las atrocidades más graves contra la humanidad no siempre ocurren bajo la declaración formal de un conflicto bélico.

En los apartados previos de esta discusión jurídica, se ha establecido la distinción fundamental entre el DIH, que rige específicamente los conflictos armados, ya sean internacionales o no internacionales, y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), que opera de manera permanente tanto en tiempos de paz como de guerra. Sin embargo, el verdadero desafío interpretativo surge cuando los tribunales internacionales y las jurisdicciones nacionales se enfrentan a violaciones masivas y sistemáticas que poseen todas las características materiales de un crimen de guerra, pero que se perpetran en contextos donde formalmente impera la "paz".

Para comprender cabalmente cómo la justicia internacional ha resuelto esta aparente contradicción, es imperativo analizar la jurisprudencia de los tribunales ad hoc, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y el principio de complementariedad que rige el sistema global de justicia penal.

El umbral de aplicación: ¿Cuándo existe un "conflicto armado"?

La jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), particularmente en el caso Tadić (Decisión sobre la apelación relativa a la competencia de 1995), sentó una doctrina revolucionaria que transformó para siempre la comprensión legal de los conflictos armados. El TPIY determinó que un conflicto armado existe siempre que se recurra a la fuerza armada entre Estados o a una violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, o entre estos grupos entre sí.

Esta definición funcional, y no meramente formal, es crucial porque prescinde de la necesidad de una declaración oficial de guerra, del reconocimiento del estado de beligerancia o de la intensidad prolongada en términos decimonónicos. No obstante, plantea una pregunta compleja para los escenarios de "no guerra": ¿qué ocurre cuando la violencia es ejercida exclusivamente por un Estado contra su propia población civil sin la presencia de un grupo armado organizado opositor?

En tales circunstancias, si el umbral del conflicto armado no se alcanza, las conductas abominables perpetradas por agentes estatales no se calificarán técnicamente como "crímenes de guerra", sino que ingresarán en otra categoría igualmente grave del derecho penal internacional: los crímenes de lesa humanidad.

Crímenes de lesa humanidad versus crímenes de guerra: La distinción clave en tiempos de paz

La distinción entre un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad radica precisamente en el contexto de su comisión. Mientras que el crimen de guerra exige un nexo con un conflicto armado (ya sea que las acciones ocurran como parte de este, en su desarrollo o se beneficien de él), los crímenes de lesa humanidad no requieren en absoluto la existencia de un estado de guerra.

El artículo 7 del Estatuto de Roma define los crímenes de lesa humanidad como aquellos actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil, con conocimiento de dicho ataque. Esto significa que un gobierno tiránico, un régimen autoritario o una red criminal organizada puede cometer crímenes atroces, como asesinatos, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelamiento severo, tortura, violación o persecución por motivos políticos, raciales o religiosos, en plena época de paz institucional y formal.

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| COMPARACIÓN DE MARCOS JURÍDICOS INTERNACIONALES |

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| Característica | Crímenes de Guerra | Lesa Humanidad |

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| Contexto requerido | Conflicto Armado | Ninguno (Paz o Guerra)|

| Objeto de protección | Combatientes/Civiles | Población Civil |

| Naturaleza de los actos | Infracciones al DIH | Ataque sistemático |

| Vinculación estatal | No siempre requerido | Política estatal/org.|

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La importancia de esta diferenciación no es meramente académica o semántica; tiene profundas repercusiones procesales y probatorias. Un fiscal ante la Corte Penal Internacional o un juez nacional que aplique el principio de jurisdicción universal debe calibrar con precisión milimétrica la tipificación de los hechos. Calificar erróneamente un acto masivo cometido en tiempos de paz como "crimen de guerra" podría otorgar a la defensa un argumento técnico para la desestimación de los cargos debido a la ausencia del nexo con un conflicto armado.

La expansión de la responsabilidad individual y el rol de la Jurisdicción Universal

Uno de los mayores logros del derecho contemporáneo es la consolidación de la jurisdicción universal, un principio procesal que permite a los tribunales nacionales de cualquier Estado investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional (como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra), independientemente del lugar donde se hayan cometido, de la nacionalidad del autor o de la de las víctimas.

Este mecanismo cobra especial relevancia cuando los sistemas judiciales locales de los países donde ocurrieron los hechos colapsan o se encuentran bajo el control de los mismos perpetradores. Casos emblemáticos en jurisdicciones europeas (como Alemania, España, Francia o Suecia) han demostrado que los tribunales nacionales pueden juzgar torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas en contextos de represión interna o conflictos de baja intensidad que no siempre encajan en la definición estricta de guerra interestatal.

El principio de legalidad (Nullum crimen sine lege) frente a las mutaciones normativas

Los detractores de la expansión judicial suelen invocar el principio de legalidad estricta (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali), argumentando que criminalizar conductas fuera de los marcos explícitamente tipificados vulnera los derechos del acusado. Sin embargo, los tribunales internacionales han respondido consistentemente que las normas fundamentales del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos forman parte del ius cogens, normas imperativas de derecho internacional general, las cuales no admiten pacto en contrario y obligan a toda la comunidad internacional.

Por lo tanto, la prohibición de la tortura, el genocidio, la esclavitud y las ejecuciones arbitrarias es absoluta. Su comisión, ya sea bajo el paraguas de un conflicto armado o en la más absoluta "paz", genera responsabilidad penal internacional individual de manera directa. El perpetrador no puede ampararse en órdenes superiores ni en la inexistencia de un estado de guerra formal para eludir la acción de la justicia.

Hacia la abolición de la impunidad sin fronteras

En respuesta directa a la interrogante inicial que da título a este análisis: estrictamente hablando, un "crimen de guerra" requiere por definición jurídica un nexo con un conflicto armado (internacional o no internacional). Por lo tanto, si un acto atroz se comete en una situación de paz absoluta, institucional y sin presencia de violencia armada organizada, técnicamente no constituye un crimen de guerra.

Sin embargo, esta respuesta formalista esconde una realidad jurídica mucho más amplia y protectora: la ausencia de guerra nunca significa un vacío de legalidad. Los mismos actos aberrantes que en tiempos de guerra se denominan crímenes de guerra, adquieren en tiempos de paz la calificación de crímenes de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos o crímenes contra el ius cogens.

La comunidad internacional ha tejido una red de protección en la que las etiquetas jurídicas ya no sirven como refugio para los tiranos, dictadores o violadores sistemáticos de derechos fundamentales. Ya sea bajo las normas de Ginebra o bajo los estatutos de los tribunales internacionales y nacionales que ejercen la jurisdicción universal, el mensaje del derecho penal moderno es inequívoco: ningún individuo está por encima de la ley internacional, y ningún escenario de aparente "paz" otorga inmunidad para la barbarie.

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